¿Otro ministerio? ¡Oh no! May 26, 2021

Rosario Espinal

Artículo publicado el miércoles 26 de mayo de 2021 en el periódico HOY

El Gobierno va camino a aprobar otro ministerio: ahora el de viviendas. Cierto que en el país se necesita construir muchas viviendas, pero no crear otro ministerio. Ya existe el Instituto Nacional de la Vivienda, ¡qué opere!

Si el PRM está realmente interesado en reestructurar el Estado y reducir costos, debe comenzar por eliminar todo lo que sea superfluo, incluidas instituciones y puestos de trabajo.

Eliminar la OISOE para crear un Ministerio de Viviendas no genera ningún ahorro, al contrario, podría aumentar gastos. Eliminar una institución y reubicar los empleados en otra tampoco representa ahorro. Es espectáculo mediático.

En el Gobierno Central hay 23 ministerios. ¡Demasiados! Varios de ellos agotan gran parte de su presupuesto en pago de nómina, O sea, no queda mucho dinero para impulsar programas a favor del pueblo. Los ministerios están llenos de dirigentes, activistas, militantes de los partidos en el poder y allegados, también de vinculados a partidos de oposición; porque el reparto es grande.

La Constitución se ha cambiado muchas veces, pero a ningún gobernante propiciador de los cambios se le ha ocurrido eliminar el Senado; institución totalmente inútil en un país pequeño que no es una república federal.

Por ejemplo, ningún país de Centroamérica tiene Senado y no hace falta. El Senado dominicano es una inutilidad que cuesta muchos millones al pueblo. Peor aún, se han creado nuevas provincias con el principal objetivo de tener más funcionarios públicos electivos y nombrados.

La República Dominicana tiene más provincias que cualquier país de la región del Caribe y Centroamérica. Incluso Argentina, que es un país suramericano territorialmente grande, tiene 23 provincias; la República Dominicana tiene 31 más el Distrito Nacional. Y todavía quieren seguir creando.

La mitad, por lo menos, de las provincias dominicanas no generan riqueza, ni tienen mucha población. Viven sumidas en la pobreza a pesar de tener flamantes senadores y gobernadores. Quince provincias serían más que suficientes para un país de 48 mil kilómetros cuadrados y unos 10 millones de habitantes. Que cada provincia elija su gobernador sin tener senadores.

Hay 155 municipios y 235 distritos municipales. ¡Demasiados! Ciudades grandes del mundo, con una población cercana al total dominicano como Nueva York, tienen un solo alcalde.

Todos estos municipios y distritos municipales se han creado, al igual que tantas provincias, para generar más puestos electivos y administrativos que ocupan los políticos y allegados; no para descentralizar ni hacer más efectiva la gestión pública como se ha cacareado.

En fin, un país pequeño como éste podría perfectamente administrarse con mucho menos personal en todas las instancias gubernamentales, y también con menos recursos. Pero se hace lo contrario, y las demandas para emplear más personas es inagotable.

Los contribuyentes deberían sentirse indignados de que sus impuestos sirvan para mantener tanta gente dependiente del Estado.

Para fines de este año 2021, si el PRM realmente quiere avanzar en una reforma del Estado, debe mostrar números concretos de en cuánto redujo la nómina pública y en cuánto los gastos en salarios y otros beneficios, por lo menos del Gobierno Central. No pueden hacer escaramuzas de ahorros porque al final la verdad de los números asoma.

Antes de imponerle al pueblo más impuestos como es la intención con el llamado “Pacto Fiscal”, el Gobierno tiene que hacer una profilaxis de la empleomanía pública y del gasto público para gestar un Estado más eficiente y eficaz. No es tarea fácil, pero sin eso tendremos mucho bla, bla, bla.

Enlace al periódico HOY: https://hoy.com.do/otro-ministerio-oh-no/

Dilema del prisionero May 19, 2021

Rosario Espinal

Artículo publicado el miércoles 19 de mayo de 2021 en el periódico HOY

En la teoría de juegos que se utiliza en distintas ciencias de la conducta humana para analizar estrategias en la toma de decisiones, se desarrolló un concepto llamado “dilema del prisionero”. Esto refiere a que, ante una situación de complicidad por un delito, dos personas capturadas enfrentan el siguiente dilema: ambas pueden negar haber cometido el delito, ambas pueden declarar haber cometido el delito, o una de las dos personas delata la otra. Las consecuencias serían diferentes en cada caso.

Si ambas personas niegan haber cometido el delito, dificultan la búsqueda de pruebas a los investigadores (fiscales, por ejemplo), y, por tanto, los cómplices tendrían mayor posibilidad de salir de un juicio sin condena o con una condena menor. Si ambos confiesan culpabilidad, aligeran el juicio y podrían recibir una pena reducida por haber cooperado. Si una persona delata la otra, el delator recibirá una recompensa de reducción de pena por la cooperación, mientras la otra persona recibirá una pena mayor. Las mismas situaciones pueden presentarse si hay más de dos personas involucradas en la complicidad.

Este dilema se hace más real cuando los cómplices de un hecho no han tenido la oportunidad de dilucidar sus estrategias en conjunto porque han sido capturados sin tiempo para comunicarse, o porque un delator decidió independientemente adelantarse, estimando que era su mejor estrategia para liberarse de una condena peor.

Dos casos de corrupción muy sonados en la República Dominicana en los últimos tiempos ilustran estas distintas estrategias.

En el caso Odebrecht, todos los encartados han decidido por decisión grupal o coincidencia de decisión individual, declarar su inocencia; es decir, ningún encartado ha delatado a otro, aunque Odebrecht declarara en Nueva York el pago de sobornos en la República Dominicana. Esta estrategia de los encartados ha sido una de las razones que ha dificultado la labor del Ministerio Público.

Todos los encartados en el caso Odebrecht apuestan a la no condena y enfilan sus cañones precisamente hacia el Ministerio Público o argumentan la politización del caso. Por su parte, aunque un gran segmento de la sociedad asume que hay culpables, y así quedará grabado en el imaginario político dominicano, es más difícil asignar culpabilidades sin delaciones.

En el caso Coral hay un delator público que hizo su confesión en una audiencia pública transmitida a toda la ciudadanía. Operando bajo el llamado dilema del prisionero, ese delator calculó que, para evitar una condena mayor, le era más beneficioso identificar culpables y describir cómo operaba el esquema de corrupción.

Sin duda, esa delación facilita el trabajo del Ministerio Público, y, además, ofrece a una ciudadanía ávida de narraciones, detalles sobre el entramado de corrupción en cuestión. Así, un posible villano busca convertirse en héroe.

En el caso Pulpo no hay un delator público como en el Coral, pero eso no descarta que la estrategia investigativa se base en utilizar un delator para facilitar el proceso de obtención de pruebas.

El Ministerio Público tiene un presupuesto y un personal limitado, en un país donde la corrupción es ancestral y sistémica, y también hay otros problemas. Por eso, las delaciones premiadas son un camino expedito, ya sea para encontrar pruebas que eventualmente lleven a un juicio exitoso, o para asignar culpabilidad ipso facto ante los ojos de la sociedad, independientemente del curso del juicio.

Lo que motiva la decisión del prisionero es el cálculo racional del beneficio individual. A veces se enmarca en el individualismo y delata, y a veces en la solidaridad con los cómplices en una mala acción y no inculpa.

Del 4% a Miriam Germán May 12, 2021

Rosario Espinal

Artículo publicado el miércoles 12 de mayo de 2021 en el periódico HOY

Muchos presidentes cometen errores que se revierten contra ellos y no se corresponden con la inteligencia que han necesitado para llegar al poder. Me refiero aquí a los casos de Leonel Fernández y Danilo Medina.

En el 2010-2011, la República Dominicana registró uno de los movimientos sociales más innovadores y efectivos: la lucha por el 4% del PIB para la educación. Ese monto se había consignado en la Ley General de Educación de 1997, pero no se había asignado nunca.

Leonel Fernández se resistió a reconocer los méritos de la demanda por el 4%, a pesar de haber sido el presidente que más había hablado de la importancia de la educación para el desarrollo del país. Su negatividad contribuyó a desgastar su gobierno en el último tramo.

Al llegar las elecciones presidenciales de 2012, los candidatos firmaron un pacto por la Educación Digna, donde se comprometieron a destinar el 4% del PIB a la educación. Danilo Medina, candidato del PLD, firmó el pacto, y, después de ganar las elecciones, destinó esa cantidad al Ministerio de Educación en su primer presupuesto.

Esa acción contribuyó a elevar los niveles de aprobación de Medina durante su primera gestión (2012-2016), junto a la renegociación del contrato con la Barrick Gold, las visitas sorpresas, y la recuperación de los terrenos de Bahía de las Águilas.

En aquel momento me referí a todas esas medidas como “recursos populistas”, mediante los cuales, Medina concitó una alta aprobación que permitió su reelección en el 2016 con 62% de los votos. Así, lo que Leonel no quiso hacer, lo hizo Danilo, y le sirvió para gobernar con amplia aprobación en sus primeros años.

En el segundo período (2016-2020), Medina olvidó el recetario que le había sido efectivo en el primero. Nunca pudo dar respuesta efectiva a las demandas del movimiento Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad, que surgió en enero de 2017 en reacción al escándalo Odebrecht.

Luego, en marzo 2019, Medina permitió ante sus ojos la vejación por parte del ex Procurador General, Jean Alain Rodríguez, a la jueza Miriam Germán en su entrevista en el Consejo Nacional de la Magistratura. Aquella acción dejó el país tan indignado como Odebrecht.

Ante el reprochable acto, Danilo Medina tenía una sola opción honorable: pedir excusas a la magistrada y cancelar al Procurador. No lo hizo, y su destino quedó sellado por ese grave error de omisión o asociación.

En perspectiva, así como Medina utilizó el 4% del PIB para elevarse sobre Leonel Fernández, Luis Abinader se montó en el movimiento anticorrupción para llegar al poder y elevarse sobre Danilo Medina con una Procuradora General de gran estima que, de no haber sido por aquella vejación, difícilmente hubiese sido nombrada por no ser un cuadro partidario.

La persecución de la corrupción pública que lleva a cabo actualmente la Procuraduría General muestra el uso de una metodología que, de persistir, tendrá gran impacto: las delaciones premiadas. Es una forma expedita de identificar evidencias y desmoronar complicidades con narrativas excitantes para una ciudadanía ávida de historias sobre los desvaríos del poder.

Como se ha visto en otros países, los fiscales y jueces realizan la primera intervención en el develamiento de los entramados de corrupción, la ciudadanía observa y comenta con alegría o indignación, y los políticos bregan con las consecuencias adversas o favorables.

Hasta dónde llegará el Ministerio Público pinchando pus en un país de corrupción ancestral y sistémica es una de las principales interrogantes de la política actual dominicana.

Enlace al periódico HOY: https://hoy.com.do/del-4-a-miriam-german/

Conservadurismo social May 5, 2021

Rosario Espinal

Artículo publicado el miércoles 5 de mayo de 2021 en el periódico HOY

Desde 1980, se han impuesto en el mundo las tendencias conservadoras que emanaron de Estados Unidos en el gobierno de Ronald Reagan. El proceso no ha sido homogéneo, pero tiene algunas coordenadas compartidas.

Lo primero a señalar es que el conservadurismo social es parte de un entramado de conservadurismos.

A nivel económico se ha expresado en lo que se acuño como neoliberalismo: la idea de que una económica funciona mejor si el Estado tiene un papel limitado y la empresa privada opera sin obstrucciones gubernamentales. Se postula que, en esas condiciones, las sociedades prosperan más.

Bajo esa ideología se promovieron en los países del capitalismo desarrollado menores tasas impositivas, supuestamente para toda la ciudadanía, pero, en la realidad, ha sido para beneficiar a los que más tienen. De ahí que en las últimas décadas aumentaran considerablemente las desigualdades económicas con su secuela de males sociales.

El conservadurismo político ha consistido en poner trabas a la expansión de la participación ciudadana en la política, porque el proyecto conservador de fines del Siglo 20 surgió en respuesta a los movimientos sociales de las décadas de 1960 y 1970, entre ellos, el movimiento por los derechos civiles, el movimiento feminista, el movimiento LGBT y el ambientalista.

El conservadurismo social se ha centrado en la campaña de las jerarquías de las iglesias por contraponer la Biblia a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. Más recientemente, el conservadurismo social también ha adoptado un discurso antinmigrante.

En los Estados Unidos, este movimiento conservador ha tenido como vanguardia al Partido Republicano, que apoya mayoritariamente la población blanca evangélica. En Europa han surgido diversos partidos de ultraderecha, como Vox en España.

En los países subdesarrollados, el conservadurismo contemporáneo se manifiesta de distintas maneras, aunque hay directrices compartidas.

En la República Dominicana, el neoliberalismo se expresó en la privatización de muchas empresas estales durante el gobierno de Leonel Fernández de 1996-2000. El gasto social se mantuvo contenido y se impulsó un gran programa de obras públicas que permitió el enriquecimiento de políticos y constructores. El Estado dominicano está anclado en una amplia estructura clientelar por el subdesarrollo del capitalismo.

El conservadurismo político contemporáneo tomó cuerpo en 1996 con la formación del Frente Patriótico, mediante el cual, Balaguer dio apoyo electoral al PLD, y el PLD se configuró desde el poder a imagen y semejanza de su aliado Balaguer, no de su progenitor Bosch. Así recibió el apoyo de la derecha rancia durante la mayor parte de su mandato.

El conservadurismo social dominicano se ha articulado en tiempos recientes en contra de los derechos reproductivos de las mujeres, de la comunidad LGBT y de los inmigrantes y sus descendientes. Las tres causales son ahora el foco de ataque de las huestes conservadoras.

Un gobierno con sentido claro de la separación institucional entre el Estado y las iglesias aprobaría las tres causales. No lo hizo el PLD, aunque sus dos presidentes vetaran el Código Penal que no las incluía. En su temprana presidencia, Luis Abinader rehúye la aprobación de las causales para congraciarse con las jerarquías de las iglesias, a pesar de haber expresado apoyo en la campaña.

Una retranca fundamental para el avance del progresismo en la República Dominicana es que no hay diferenciación ideológica entre los partidos políticos: todos convergen hacia el conservadurismo, aun cuando en la oposición se definan progresistas. Así sucedió con el PRD, con el PLD, y ahora con el PRM. La segunda es que no hay un segmento del empresariado comprometido realmente con la modernización del capitalismo. Y la tercera es el bajo nivel educativo.

Enlace al periódico HOY: https://hoy.com.do/conservadurismo-social/