A las mujeres: palos y palos noviembre 26, 2014

Rosario Espinal

Artículo publicado el miércoles 26 de noviembre de 2014 en el periódico HOY

La sociedad dominicana vive un período de rechazos, abusos, y vulnerabilidad. Si usted no lo ha notado, observe. En situaciones así, los más oprimidos son los más golpeados, y en esa lista hay muchas mujeres.

No por casualidad los feminicidios son una tragedia nacional. República Dominicana tiene el deshonor de estar entre los países que encabezan la región en estos aberrantes asesinatos, aunque cada 25 de noviembre las autoridades hablen y desfilen contra la violencia. De 2005 a 2013 se produjeron 911 feminicidios íntimos y 831 no íntimos, y en el 2004 los números van altos.

Tampoco es casualidad que el Congreso Dominicano haya aprobado recientemente un Código Penal que criminaliza el aborto terapéutico, es decir, cuando hay que interrumpir el embarazo para salvar la madre. Pocos países latinoamericanos tienen esta aberración legal.

No planteo que las mujeres sean simplemente víctimas debiluchas de los hombres. No. Lo que planteo es que en las luchas de poder, donde las fuerzas retrógradas llevan la voz cantante como en República Dominicana, los derechos de las mujeres son con frecuencia pisoteados. Retrógrados y oportunistas mancomunados, legislan para mantener muchas mujeres subordinadas.

El feminicidio devela el profundo odio que alberga un hombre hacia una mujer. El macho encabronado utiliza su fuerza física o las armas para destruir a la mujer que ha convertido en objeto de rechazo. Deshacerse de ella con el asesinato es la expresión extrema y aberrante del poder machista.

La mujer, por el contrario, casi nunca asesina al hombre. Por eso el feminicidio, término ya de amplio uso en español, es tipificado social y legalmente; mientras el masculinicidio no existe como tal, o es infrecuente; el término ni se utiliza.

El Código Penal recién aprobado por el Congreso Dominicano y pendiente de aprobación presidencial tipifica el feminicidio como crimen. ¡Bien! Pero restringe la definición al ámbito íntimo, y en eso se queda corto.

Por otro lado, la Constitución de 2010 estableció que la vida comienza desde la concepción, lo que hace todo tipo de aborto ilegal; aunque en otros acápites la misma Constitución consagra el derecho a la vida de las mujeres.

El nuevo Código Penal criminaliza todo tipo de aborto en clara violación al derecho a la vida de las mujeres. Con esta disposición, muchas mujeres dominicanas quedan expuestas a morir si el embarazo se complica y los médicos no se atreven a interrumpirlo para no caer presos. Resultado nefasto: el embarazo podría significar la pena de muerte para algunas mujeres, sin que ningún congresista ni el Presidente tenga que cumplir 40 años de cárcel por esas muertes

Históricamente, ni los legisladores ni los presidentes dominicanos se han interesado mucho por la salud de las mujeres embarazadas. ¿Evidencia? El alto índice de mortalidad materna, mayor que el promedio regional; y estas muertes se producen fundamentalmente en hospitales públicos. Ante el problema, los funcionarios actúan con irresponsabilidad humana, social y política. Para muchos de ellos el “valor de la mujer” es un espectáculo político-mediático.

La gran desigualdad social dominicana se manifiesta también en las mujeres. Las ricas viajan al exterior para un tratamiento especial o un aborto terapéutico. No así la inmensa mayoría de las mujeres dominicanas que sucumben en los hospitales públicos mal administrados, mal equipados y mal atendidos; verdaderas “pocilgas” para citar al propio Presidente.

Danilo Medina tiene dos opciones con el Código Penal: promulgarlo como está, o devolverlo al Congreso para que incluya garantías al aborto terapéutico. En sus manos está ser valiente a favor de muchas mujeres embarazadas y observarlo, o rajarse y promulgarlo.

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¡Ah! La ley noviembre 19, 2014

Rosario Espinal

Artículo publicado el miércoles 19 de noviembre de 2014 en el periódico HOY

Veo con beneplácito, pero confieso que me asombra, el esfuerzo que hacen expertos constitucionalistas por encontrar salidas jurídicamente legítimas a los dictámenes del Tribunal Constitucional (TC) en materia migratoria.

Mi beneplácito es porque la racionalidad siempre es necesaria; el asombro porque en República Dominicana la ley tiene una función meramente utilitaria, y como tal, si no es útil para un propósito se cambia, reinterpreta o ignora.

La Sentencia TC 168-13 que declaró ilegal a todos los descendientes de inmigrantes indocumentados a partir de 1929 generó adeptos y adversarios en el mundo jurídico, y nunca se logró consenso entre los expertos. Lo que sentenció el TC quedó como batuta y constitución con el remiendo de la Ley 169-14.

La Sentencia TC 256-14 que invalida la adhesión del país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también generó adeptos y adversarios entre abogados constitucionalistas, y san se acabó.

Dados los requisitos para salirse de la Corte Interamericana que establecen las normas internacionales, la Sentencia TC 256-14 es para consumo doméstico. Es decir, ante el sistema interamericano, República Dominicana sigue dentro de la jurisdicción de la Corte aunque declarada en rebeldía.

Diversos juristas han indicado que el presidente Danilo Medina tiene dos opciones: una, iniciar el proceso formal de salir del sistema denunciando la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o dos, buscar la ratificación en el Congreso Dominicano de la adhesión.

Pero sucede que el Gobierno dominicano tiene otra opción: hacerse el loco para decirlo en buen dominicano. No cumplir con las leyes cuando no conviene ha sido la ley suprema en República Dominicana. He aquí algunos ejemplos.

Uno, por 100 años, el Gobierno dominicano ha patrocinado el tráfico de haitianos indocumentados en contravención con las leyes nacionales y la prohibición internacional de la trata humana; y lo sigue haciendo a pesar de todo el revuelo nacional e internacional que ha generado el asunto.

Dos, las leyes laborales dominicanas indican que sólo un máximo de 20% de los trabajadores en las empresas pueden ser extranjeros (legales). ¿Cuántos empresarios del agro y la construcción han violado esa disposición? Ni siquiera el Gobierno la cumple porque emplea haitianos indocumentados a diestra y siniestra.

Tres, el Gobierno dominicano ha actuado desde 1999 como si el país perteneciera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, colocando incluso una jueza dominicana en la Corte por varios años. Ahora el Tribunal Constitucional ha declarado toda esa historia nula, y su disposición es ya batuta y constitución.

Finalmente, República Dominicana ha sido condenada en varias ocasiones por la Corte Interamericana por cometer abusos en derechos humanos. ¿Ha cumplido el país con las sentencias emitidas? Casi nunca.

Un Estado que se caracteriza por formular leyes que no cumple, por cambiar las que no convienen, y que ignora los dictámenes y regulaciones internacionales, difícilmente se someta a la racionalidad jurídica.

Por eso es muy probable que este país se salga de la Corte Interamericana para fines domésticos por lo que dictaminó el Tribunal Constitucional, que no cumpla con las condenas de la Corte bajo el argumento de que la Corte se extralimitó y está desacreditada, y que el presidente Danilo Medina evada actuar porque el tema es políticamente álgido.

Así, la República Dominicana seguirá como siempre incumpliendo las leyes, cambiándolas o reinterpretándolas cuando convenga.

Por eso este país se llenó de haitianos indocumentados para ser explotados por los empresarios y el Estado en violación a las leyes laborales. Por eso la vocinglería patriotera reina hoy y bloquea la racionalidad jurídica y política necesaria para enfrentar el gravísimo problema migratorio que ha auspiciado el Gobierno Dominicano.

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Leonel Fernández a contracorriente noviembre 12, 2014

Rosario Espinal

Artículo publicado el miércoles 12 de noviembre de 2014 en el periódico HOY

Por varios años, Leonel Fernández tuvo un inmenso poder y dominó el escenario político dominicano. De 1996 al 2000, Joaquín Balaguer lo dejó gobernar tranquilo. Cuando regresó a la Presidencia en el 2004, el país estaba económica y políticamente desolado, y la oposición colapsando. Poco después, la economía comenzó a crecer, el grupo gobernante a concentrar riqueza, y la oposición partidaria a auto-aniquilarse. Cuando faltaba un empujón para que la oposición cayera, Fernández se lo daba.

Con tantísimo poder, Leonel Fernández se embarcó en la reforma constitucional que culminó con la promulgación de la nueva Constitución el 26 de enero de 2010.

Para ser breve, el nuevo texto constitucional tenía tres objetivos principales. Primero, eliminar el “nunca jamás” para que Fernández pudiera repostularse. Segundo, satisfacer la ultra derecha, soporte clave del leonelismo, en la restricción de derechos de ciudadanía a descendientes de inmigrantes y derechos reproductivos de las mujeres. No por casualidad éstos han sido los temas constitucionales de mayores conflictos sociales, durante la reforma con el Artículo 30 y en el último año con la Sentencia TC 168-13. Tercero, crear un andamiaje jurídico-institucional con las altas cortes que permitiera a Fernández y a la ultra derecha dominar la agenda política y controlar los resortes del poder aún desde fuera de la Presidencia.

Por su formación política, oratoria y experiencia de Estado, Leonel Fernández se presentó, y así lo vio un amplio segmento de la población, como el líder de primacía del PLD y del país. En ese contexto, Fernández y sus seguidores vieron la salida de la Presidencia en el 2012 como un receso temporal obligado porque no era factible cambiar tan rápidamente la Constitución.

En meses recientes, los vientos favorables que Fernández anunció para su candidatura presidencial en el 2016 se han dilatado en llegar por lo siguiente:

Primero, el poder es relacional, no infinito. Cuando Danilo Medina asumió la Presidencia, Fernández tenía que retirarse. Se resistió, y se convirtió en el foco del descontento que generó el aumento de impuestos a fines de 2012. Habiendo sido Presidente por ocho años, ¿a quién culpar del déficit? Danilo salió ileso y victimizado, Leonel atacado, disminuido y atormentado. De eso nunca se ha recuperado.

Segundo, durante el 2004-2012, el Presupuesto Nacional se infló, la deuda pública aumentó, y las grandes obras de construcción sirvieron de soporte político. En un país sin controles efectivos en la administración pública, ese fue el botín de enriquecimiento de la cúpula política. En países de alta corrupción y alta impunidad como República Dominicana, la corrupción es de dominio público, y sólo genera vendavales cuando hay fuertes clivajes en los altos estamentos de poder. La magnitud de estos clivajes quedará pronto develada según avance, se estanque o caiga el expediente de Félix Bautista. Mientras tanto, Leonel Fernández está en el ojo del huracán de la corrupción junto a sus cercanos colaboradores.

Tercero, los danilistas y todos los aspirantes presidenciales del PLD saben que el león a domar es Leonel Fernández. El altísimo nivel de aprobación de Danilo Medina derrumbó la idea de que en el PLD o en el país hay un solo líder. Los danilistas se sienten empoderados y no quieren ceder tan fácilmente. Los demás aspirantes saben que para poder competir tienen que debilitar a Fernández. En fin, el PLD que fuera devoto de su líder se fragmenta ahora en adhesiones.

Ante estos obstáculos, Fernández va a contracorriente con sus aspiraciones presidenciales. En vez de resguardarse y recalibrar, se expone y repite errores. Y eso, que la oposición partidaria está en el suelo.

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Pobres, negros e inmigrantes noviembre 5, 2014

Rosario Espinal

Artículo publicado el miércoles 5 de noviembre de 2014 en el periódico HOY

Ningún país los quiere. Llegan de África y del Caribe a Estados Unidos, Canadá y Europa buscando mejor vida. Unos entran, otros no, y muchos sucumben en el deseo. A Rusia, China, Japón o Corea no se asoman.

En nuestra región, República Dominicana es el destino principal de pobres negros inmigrantes. Compartimos frontera con un país de población negra en extrema pobreza, del cual quiere irse la mayoría de la población.

Si en República Dominicana hubiese prevalecido la sensatez gubernamental, los gobiernos dominicanos no hubieran permitido una extensa migración de haitianos indocumentados.

¡Pero no! La explotación virulenta del capitalismo salvaje subdesarrollado, y la corrupción rampante de funcionarios civiles y militares dominicanos, determinó lo sucedido: un flujo por décadas de haitianos indocumentados para beneficio empresarial, incluido el Estado.

Si usted escucha decir que a los haitianos les pagan igual que a los dominicanos, pregunte por qué los dominicanos no hacen esos trabajos. La respuesta es sencilla: muy bajos salarios con jornada de pito a pito en condiciones infrahumanas.

En Haití las condiciones económicas y políticas son peores, y como sucede entre países fronterizos de desarrollo desigual, los haitianos fluyen a territorio dominicano.

Este flujo migratorio, repito, ha sido patrocinado por los gobiernos dominicanos que nunca han establecido controles efectivos en una pequeña frontera.

Como esta población inmigrante es pobre y negra, los gobiernos dominicanos pensaron que negando documentos y apelando al nacionalismo, los mantendrían excluidos; pero eventualmente los sistemas de explotación se tambalean, y ahí estamos.

República Dominicana enfrenta ahora el grave problema de tener en su territorio cientos de miles de haitianos indocumentados, y miles de descendientes nacidos en territorio dominicano; la inmensa mayoría sin papeles de Haití o de República Dominicana.

La indocumentación es precisamente la negación de su existencia en ambos países. Son cuerpos sin ciudadanía, jornaleros sin alma humana.

Supongamos que Haití otorgara acta de nacimiento y pasaporte a todos los haitianos y sus descendientes en territorio dominicano: ¿les dará el Gobierno dominicano residencia legal a todos? Si documentarlos es el objetivo, República Dominicana debió ahorrarse el escándalo internacional del último año.

Y si Haití no otorga documentación a sus nacionales en República Dominicana, ¿qué hará el Gobierno dominicano? ¿Los deportará aunque deje a los empresarios agrícolas y de la construcción sin mano de obra barata? ¿Seguirán trabajando indocumentados? ¿Y qué pasará con sus descendientes?

La súper-explotación del capitalismo salvaje subdesarrollado y la corrupción de oficiales dominicanos, han producido esta vasta miseria humana que ha desatado los demonios ideológicos de la peor estirpe del nacionalismo racista.

A estos inmigrantes pobres y negros la vida les ha negado derechos fundamentales en su país de origen (Haití), y la posibilidad de asentarse legalmente en el país donde laboran (República Dominicana). Ni siquiera las leyes de regularización y naturalización dominicanas han dado resultados ante la inmensa ilegalidad apilada por años y la marginalidad en que viven los haitianos y sus descendientes. Pocos se han acogido a esas leyes hasta ahora.

La República Dominicana puede salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA y la ONU, y la situación migratoria de los haitianos seguirá irresuelta, porque el empresariado dominicano y el Estado son adictos a la súper-explotación laboral. He aquí la raíz del problema. Por eso no garantizan derechos.

El tollo migratorio que auspició el Gobierno dominicano por décadas ha generado ahora un tollo legal nacional e internacional, ejemplificado por la Sentencia TC 168-13 y el fallo de la Corte Interamericana, con el agravante de que en este conflicto la sensatez escasea y la irracionalidad impera aquí, allá y acullá.

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