¿Populismo penal? ¡Oh no! octubre 25, 2017

Rosario Espinal

Artículo publicado el miércoles 25 de octubre de 2017 en el periódico HOY

Una estrategia reciente adoptada por abogados dominicanos (de profesión o no) para defender imputados y liberarlos de prisión preventiva es apelar al concepto de populismo penal. Se utilizó con los encartados del caso Odebrecht, y ahora suena de nuevo en el caso OMSA.

¿Qué es el populismo penal? En pocas palabras, se refiere a la pena exagerada impuesta contra imputados para complacer al pueblo que reclama justicia.

El concepto de populismo penal supone que el pueblo exagera en la búsqueda de justicia, y, por ende, algunos pagan injustamente con una pena excesiva, sea como medida de coerción preventiva o en el juicio final de condena.

Al concepto de populismo penal se ha unido también el argumento harto conocido en el caso Odebrecht, de que, quien no constituye peligro de fuga, no debe ser enviado a prisión preventiva mientras se investiga el caso. Bajo este criterio, en gran medida, están fuera de la cárcel los 14 encartados del caso Odebrecht.

En un país con justicia honesta, donde hay tradición establecida de dictar penas en función de la magnitud del delito, sería insensato esperar mayores penas que las merecidas por algún imputado. Si se impusieran, tendríamos populismo penal.

En la República Dominicana, sin embargo, es todo lo contrario. Casi nunca se hace justicia ante delitos cometidos por políticos, militares, policías o empresarios, aunque haya evidencias que apunten a la culpabilidad. El poder político y económico salva mucha gente de cumplir penas.

Por eso, pedir justicia o esperar justicia en el caso dominicano no es populismo penal; es una pequeña esperanza de castigar los culpables ante tanta impunidad de estafa al público.

El argumento del peligro de fuga es más bien irrisorio. Quienes más posibilidad tienen de fugarse son las personas con más recursos económicos. Un pobre que se roba tres gallinas no tiene dónde huir. Su único destino sería Haití, donde probablemente no quiera ir. Los ricos tienen visa, pueden comprar un pasaje, o incluso, si son muy ricos, alquilar un avión privado para marcharse.

En teoría, lo ideal sería que cada quien espere juicio en su casa. Así sería incluso más barato para el Estado, y por ende, para la ciudadanía. Pero en la República Dominicana, donde con poder se evade la justicia, y donde la mayoría de la población no cree en el sistema judicial, pedir tantas concesiones para imputados con evidencias de culpabilidad, es una jugarreta política.

La encuesta de Mark Penn y Noticias SIN, publicada recientemente, muestra que 68% de la población encuestada piensa que no se hará justicia en el caso Odebrecht.

O sea, ante el escándalo más grande de sobornos conocido en el país, con información que provino de fuera, y en torno al cual hubo grandes movilizaciones sociales, la mayoría de la ciudadanía piensa que no se hará justicia. ¡Increíble! Si en enero crecieron las expectativas, en octubre ya se han diluido.

En la República Dominicana no hay populismo penal. Lo que sí hay es impunidad por doquier y falta de confianza en la justicia.

Pero ojo: cuando la impunidad reina por mucho tiempo, puede eventualmente surgir una figura política que, con necesidad de legitimación rápida, recurra al populismo penal.

Cuando eso sucede, si es que sucede, la justicia no se hace en los tribunales con el debido proceso, sino en las calles con apresamientos arbitrarios y matanzas.

Por eso, a los que mal usan el término populismo penal, que lo guarden para cuando realmente se amerite su uso. En la República Dominicana actual hay impunidad, no populismo penal.

Enlace al periódico HOY: http://hoy.com.do/populismo-penal-oh-no/

PLD, morirá por tantos robos octubre 18, 2017

Rosario Espinal

Artículo publicado el miércoles 18 de octubre de 2017 en el periódico HOY

El Estado dominicano se ha caracterizado históricamente por tener un conjunto de instituciones que han operado con gran ineficiencia por la corrupción y la escasa profesionalización.

Durante 31 años de dictadura trujillista, el Estado fue utilizado fundamentalmente para reprimir la población y aumentar exponencialmente la fortuna del dictador y sus allegados. La sociedad funcionaba al antojo del déspota.

Durante 22 años de gobierno balaguerista, la corrupción y el clientelismo definieron los parámetros de la ineficiencia pública. A pesar del crecimiento económico de esa época, el país no logró avances importantes en educación, ni en salud pública, ni en el desarrollo de una economía competitiva y redistributiva. Se reprimió a los disidentes durante los primeros años del régimen, y las fuerzas del orden público (policías y militares) no desarrollaron instituciones modernas de seguridad ciudadana.

La autoridad civil de Balaguer se impuso a la militar mediante un sistema de amplia corrupción en las instituciones armadas, y mientras los oficiales se enriquecían, el país transitaba por un deterioro del control fronterizo y del orden público. Ahora se sienten los efectos nefastos de esa corrupción e ineficiencia militar y policial.

Los 12 años de gobiernos del PRD fueron tres episodios decepcionantes. En la década de 1980 fracasaron en impulsar el anunciado proyecto socialdemócrata. Nada de primero la gente. Las dificultades económicas y los pleitos intra-partidarios dominaron las gestiones perredeístas de 1978 a 1986, y la de 2000-2004 se hundió con la crisis financiera. En todas resonaron casos de corrupción.

Los 17 años de gestión del PLD han sido una perpetua discordancia entre el discurso de modernidad y la repetición de prácticas políticas nefastas del pasado: corrupción, clientelismo y caudillismo, que obstaculizan el desarrollo de la democracia y la economía.

Actualmente, el Estado Dominicano se encuentra atrapado entre las demandas de distintas clientelas políticas del PLD y sus partidos aliados para que prosiga el reparto ilegal de recursos públicos. Con tanto tiempo en el poder y robos acumulados, los escándalos de corrupción proliferan.

Estos robos se convierten hoy en la amenaza principal para derribar la legitimidad gubernamental; y ni el presidente Danilo Medina, ni el presidente del PLD, ni su comité político captan con precisión la magnitud del problema. Asumen que como hay tantas personas involucradas en la corrupción pueden hacerse los chivos locos, y desde sus posiciones de poder ignoran o justifican los escándalos, y en el mejor de los casos, toman medidas tibias. Ellos, en vez de ser parte de la solución, son parte del problema.

Actualmente, los tentáculos de la corrupción se han expandido por doquier, y el robo se ha hecho modus vivendi en la sociedad dominicana bajo el auspicio del Estado.

Si el PLD desde su máxima dirección no enfrenta con voluntad férrea la corrupción, morirá por tantos robos.

Ojo: ningún gobierno es inmune al colapso por más precaria que sea la oposición. En una crisis de legitimidad siempre aparece algún “salvador”, aunque luego se convierta en opresor.

El robo, como todos los vicios humanos, es adictivo; y a mayor adicción, más alarmantes y frecuentes los escándalos. Los excesos de corrupción se muestran cada vez más estrambóticos y repugnantes; y la chapucería con que se ha organizado el sistema de impunidad se devela horripilante.

No hay que hacer gran esfuerzo para entenderlo, la lista es larga y conocida: Súper Tucanos, OISOE, CEA, CORDE, Odebrecht, OMSA, etc., etc. Toda esta corrupción y los muertos son responsabilidad del PLD. No pueden ya tapar el sol con un dedo, ni usar a Juan Bosch de capote.

Enlace al periódico HOY: http://hoy.com.do/pld-morira-por-tantos-robos/

Las primarias: a falta de pan, circo octubre 11, 2017

Rosario Espinal

Articulo publicado el miércoles 11 de octubre de 2017 en el periódico HOY 

Recientemente me encontré con un compueblano santiaguero que me preguntó mi opinión sobre el “patrón abierto y el patrón cerrado”. Para no hacerle una corrección inmediata le dije: sí, se ha estado hablando mucho del padrón abierto y el padrón cerrado para las primarias de los partidos. Eventualmente, como él seguía diciendo patrón en vez de padrón, le aclaré cuál era el término correcto.

Hago esta referencia para sugerir que la mayoría de la ciudadanía no está en sintonía con el tema del padrón de las primarias, aunque se haya convertido de repente en obsesión de los políticos. ¿Por qué?

Los partidos principales de la República Dominicana están divididos. Las diferencias sobre el tipo de primarias remiten a lo siguiente: qué grupo controla la secretaría de organización de un partido, qué grupo tienen mayores recursos económicos, y qué aspirante cuenta con mayor simpatía fuera de su partido.

El jefe político que controla la secretaría de organización preferirá las primarias cerrada porque empadronará más de sus seguidores, el que tiene mayores recursos económicos se puede aventurar a primarias abiertas, y quien concite mayor simpatía en el electorado general preferirá las abiertas.

Es decir, aunque revistan de bondades democráticas un tipo de primarias sobre otro, las razones para defender uno u otro reflejan las luchas de poder entre grupos políticos dentro de los partidos con distintos tipos de recursos y niveles de apoyo.

Pero ojo: no importa qué tipo de primarias se establezca, los dirigentes políticos buscarán la forma de hacer trampa. Eso impide que se pueda evaluar de manera objetiva los beneficios y perjuicios de un tipo de primarias sobre otro.

La trampa se producirá con primarias abiertas o cerrada porque los dirigentes políticos dominicanos, en busca de beneficios, son muy tramposos. Por eso el debate actual sobre el tipo de primarias es espurio y estúpido. Ningún tipo de primarias puede impedir la trampa.

Si las primarias fueran abiertas, la mayoría de la población no se interesará en votar. Votarían los seguidores de los partidos y aquellos inducidos a votar con un propósito específico. La razón es que la gente no vota por lo que no le compete. Y las primarias de un partido no le compete a quienes no tienen algún tipo de militancia o vínculo con ese partido.

Siempre he dicho que las primarias deben ser cerradas porque los partidos necesitan tener un conteo preciso de militantes y simpatizantes; y porque les compete a ellos, no a la ciudadanía en general, determinar quiénes son sus candidatos. Si fracasan en cumplir con estos objetivos, esos políticos no deberían ser electos para gobernar.

Organizar la casa partidaria es fundamental para lograr un mejor gobierno. La trampa, y, por ende, la desconfianza, dañan. Si los compañeros de partido no pueden confiar entre ellos, y los dirigentes partidarios no pueden organizar un padrón, que no aspiren a gobernar.

El auge que ha tomado el tema de las primarias tiene también un efecto colateral: mantiene fuera de foco el asunto central que debería debatirse, y que produciría un cambio significativo en la política dominicana: la regulación del financiamiento público y privado de los partidos.

Como ningún partido quiere esa regulación, se mantienen ahora hablando de primarias abiertas o cerradas. A falta de pan, circo.

Una férrea regulación del financiamiento de los partidos ayudaría a bajar el costo de las campañas, a moderar la competencia implacable por el poder, a reducir el número de partidos, y a disminuir el afán de tanta gente por ser candidatos. He aquí el desafío.

Enlace al periódico HOY: http://hoy.com.do/las-primarias-a-falta-de-pan-circo/

Ley de Partidos: ¿y el dinero? octubre 4, 2017

Rosario Espinal

Articulo publicado el miércoles 4 de octubre de 2017 en el periódico HOY 

El tipo de primarias ha dominado en las últimas semanas la discusión sobre la Ley de Partidos. Aunque es un tema de gran interés para los dirigentes y activistas políticos, que se emplean a fondo para conseguir una nominación; para la ciudadanía, el tema del financiamiento es más importante que el de las primarias. A fin de cuentas, los votantes pueden o no votar por determinados candidatos en las elecciones generales, pero no tienen forma de protegerse de las influencias compradas con dinero de los donantes privados.

La Ley Electoral actual, que data de 1997, estableció el financiamiento público de partidos con la asignación explícita de un porcentaje del Presupuesto Nacional destinado a este propósito; pero dejó sin regulación la contribución privada a los partidos y a los candidatos en campañas. Esto tiene varios efectos negativos para la ciudadanía y para la democracia.

Primero, no permite conocer quiénes y en cuánto el sector privado financia las campañas electorales. Al no contarse con esa información, la ciudadanía no tiene forma de saber el propósito de ese financiamiento, ni inferir los beneficios que derivan los donantes de sus aportes.

Segundo, se encarecen las campañas. Quienes tienen más recursos tienden a establecer el estándar de gastos, y quien no pueda generar suficientes recursos privados, enfrenta serios problemas para impulsar su campaña.

Tercero, se desvirtúa la intención del financiamiento público, que se basa en la idea de que con este tipo de financiamiento se nivela la competencia electoral para candidatos y votantes. El financiamiento privado sin regulación desnivela la competencia electoral, porque aquellos con mayores posibilidades de triunfar consiguen mucho más dinero.

El sistema de financiamiento desregulado que existe en la República Dominicana ha sido muy rentable a los partidos. La política se ha convertido en una actividad muy subsidiada. La subsidia el pueblo a través del Estado, y la subsidia el sector empresarial, tanto quienes se dedican a actividades económicas lícitas como ilícitas.

Una Ley Electoral o una Ley de Partidos que no contenga fuertes regulaciones al financiamiento servirá de poco a la democracia. Para que cambie la forma de hacer campañas electorales, estas leyes tendrían que establecer lo que muchos políticos detestan: saber quién financió y por cuánto. Es decir, cada partido y cada candidato que recauda dinero del público tendría que presentar una lista de sus donantes con nombre, cédula y monto.

Si eso no se establece, las demás disposiciones de las leyes tendrán un efecto limitado en mejorar el sistema electoral y el funcionamiento de los partidos políticos.

Por ejemplo, entre los dirigentes y activistas de los partidos hay desesperación por ser candidatos a puestos electivos, porque serlo les permite convertirse en empresarios de su proyecto político, ya que acudirán a familiares, amigos y empresarios para captar recursos. Aún candidatos que no tienen ninguna posibilidad de ganar se lanzan al ruedo electoral.

En las elecciones de 2016 compitieron cerca de 25,000 candidatos para ocupar unos 4,100 puestos electivos. La inmensa mayoría sabía que no podía ganar, pero se lanzaron de todas formas a recaudar dinero.

Si se establecen controles al financiamiento y la competencia se hace más igualitaria, habrá (paradójicamente) menos aspirantes a las candidaturas, las primarias serán menos conflictivas, el voto preferencial será menos costoso, y las mujeres podrán competir mejor con los hombres.

La razón por la que habrá menos candidatos es que los donantes se autocontrolarán en el financiamiento al no querer que sus nombres aparezcan públicamente en listas políticas. Eso no lo quieren los políticos, acostumbrados como están a que los financien.

Enlace al periódico HOY: http://hoy.com.do/ley-de-partidos-y-el-dinero/