Jóvenes al magisterio May 30, 2014

Rosario Espinal

Artículo publicado el miércoles 28 de mayo de 2014 en el periódico HOY

La decisión del presidente Danilo Medina de cumplir con la Ley General de Educación al destinar el 4% del PIB ha sido uno de los pilares de su popularidad. Aunque se crea lo contrario, cumplir con la ley y con la palabra produce admiración y confianza.

Durante más de un año, el tema dominante fue la construcción de escuelas. En un país que depende de la construcción pública para la circulación de dinero y la creación de empleos, la dilación generó ansiedad y controversia. Ya encaminados los proyectos de construcción, se firmó el Pacto por la Educación con un gran listado de acuerdos y propósitos.

Lo que hay que hacer, y bien, para mejorar la educación se puede resumir en cinco puntos.

Primero, tener suficientes escuelas bien construidas, con aulas disponibles para la cantidad de estudiantes, limpias y equipadas; y que los maestros, estudiantes y administradores sepan que es su deber mantenerlas en buen estado. De nada sirve construir para rápidamente desbaratar. Las escuelas son un bien público que todos debemos proteger. Para lograr ese objetivo hay que educar a los administradores, a los maestros y a los estudiantes, de manera que vean la escuela como suya y reconozcan su valor.

Segundo, mejorar las condiciones de trabajo de los maestros y también requerir el cumplimiento de sus obligaciones. Hay que conjugar derechos y deberes. Para lograr ese objetivo, la ADP no puede ser un simple sindicato que cancela clases o cierra escuelas por cualquier paja en el ojo, ni tampoco puede ser un apéndice de partidos como ha sido casi siempre. La ADP debe funcionar como una asociación profesional que lucha por el bienestar de sus miembros, pero también asume con responsabilidad y dignidad la misión de educar.

Tercero, mejorar la calidad de los maestros. De nada sirve construir escuelas y extender las tantas si los maestros no están bien calificados para enseñar. Más horas no se traducirá en aprendizaje. Los estudiantes se aburrirán y un grupo de niños o jóvenes aburridos es caldo de cultivo para las travesuras. La formación de maestros no sólo consiste en que hagan una licenciatura o postgrado, sino también en llevarles entrenamiento sistemático a las mismas escuelas.

Cuarto: contratar más maestros. Esto es necesario por dos razones: una, reducir el número de estudiantes por maestro en las clases ya que está comprobado que la enseñanza en grupos pequeños de estudiantes es más efectiva que en grupos grandes; y dos, traer sangre nueva al sistema. El Ministerio de Educación debe establecer un programa especial de contratación de maestros jóvenes recién graduados de las universidades en distintas áreas (no sólo licenciados en educación), para motivarlos a que ingresen al magisterio. Aunque los jóvenes carecen de experiencia, compensa su energía y los nuevos conocimientos, incluida mayor destreza tecnológica. Este programa especial podría denominarse “Jóvenes al magisterio”.

Quinto, un sistema educativo sin una efectiva incorporación de los padres difícilmente tenga éxito. La mayoría de los estudiantes dominicanos del sistema público vienen de familias de escasos recursos y viven en barrios expuestos a múltiples problemas de violencia, criminalidad y vicios. Los padres también necesitan educación.

Las escuelas dominicanas tienen que convertirse en centros comunitarios positivos para compensar parcialmente por las influencias negativas que circundan a muchos jóvenes. Estas escuelas no pueden ser solamente instituciones de transmisión de conocimientos académicos, sino también espacios de civismo, cooperación y apoyo.

Las escuelas son un microcosmo de la sociedad y querer que ellas se conviertan en motor de transformación positivo es vital pero difícil. Se necesita sangre nueva y buena para enfrentar los desafíos.

Enlace al periódico HOY: http://hoy.com.do/jovenes-al-magisterio/

Educación sexual: ¿familiar o pública? May 21, 2014

Rosario Espinal

Artículo publicado el miércoles 21 de mayo de 2014 en el periódico HOY

El tema de si la educación sexual debe dejarse exclusivamente a los padres o si debe ser materia en las escuelas genera desacuerdos, aunque el sentido común y la evidencia empírica indican que por su importancia y consecuencias sociales (no sólo familiares), debe ser tratada en ambas esferas. Veamos.

Si la sexualidad fuera exclusivamente una cuestión privada-familiar, muchas normas culturales e incluso leyes no tendrían sentido. Por ejemplo, el matrimonio legal sería un absurdo, porque el matrimonio judicializa la relación sexual entre dos personas. La relación de amistad íntima (no sexual) no se judicializa porque no está mediada por la sexualidad y sus efectos. Otro ejemplo, si la sexualidad fuera totalmente privada, el Estado no podría regular que los padres enviaran los hijos a la escuela, porque los padres tendrían absoluto control sobre su prole.

La educación sexual tiene ciertamente una dimensión privada, en tanto debe y puede llevarse a cabo en el espacio familiar; pero en la práctica, en las familias se habla poco de sexualidad a pesar de su importancia.

Los tabúes sociales hacen que muchos padres, sumidos en la vergüenza y la timidez, no expliquen a sus hijos las distintas aristas y consecuencias de las relaciones sexuales. Por eso, los niños y jóvenes aprenden sobre la sexualidad fundamentalmente con amigos o a través de los medios de comunicación. Estas dos fuentes no son sistemáticas, ni hay forma de asegurar que la información transmitida sea adecuada en contenido o forma.

En República Dominicana ha habido mucha resistencia a desarrollar programas de educación sexual en las escuelas porque los gobiernos han preferido ajustarse a las demandas religiosas de que el silencio y la abstinencia son las mejores formas de educación y prevención sexual. Pero resulta que ni el silencio ni la abstinencia son las normas sexuales entre muchos jóvenes, y querer ignorar los problemas que se derivan de una sexualidad temprana y sin protección es tapar el sol con un dedo.

República Dominicana registra una de las tasas más altas de embarazos de adolescentes en la región, y esto sucede sin que se ofrezca educación sexual en la mayoría de las escuelas. Por lo tanto, la educación sexual no es la causante de los embarazos a temprana edad. Por el contrario, los datos comparativos evidencian que a mayor educación sexual, menor número de embarazos.  Deberíamos pues apostar a que la educación sexual en las escuelas dominicanas ayude a bajar los índices de embarazos de adolescentes.

La prevención de embarazos a temprana edad tiene múltiples beneficios sociales. Primero, habría menos muertes maternas porque el índice de mortalidad por embarazo tiende a ser mayor entre las jóvenes sin acceso a servicios de salud adecuados. Segundo, habría menos deserción escolar porque las jóvenes que se embarazan son más proclives a abandonar la escuela o a ser expulsadas. Tercero, se reduciría la tasa de nacimiento de niños en condiciones de alto riesgo, con padres en dificultad de asumir las tareas de paternidad y maternidad. Además, la educación sexual ayudaría a reducir los problemas de salud asociados a enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.

Por todas estas razones, República Dominicana debe ofrecer educación sexual efectiva a la población joven, y las escuelas constituyen un espacio idóneo para hacerlo.

El Estado Dominicano debe garantizar que la educación sexual llegue a todos los sectores sociales; de lo contrario, los jóvenes con menores recursos, que son la mayoría, quedan desprotegidos por el desconocimiento, y expuestos a los problemas asociados a la sexualidad a destiempo o sin protección.

El peligro del 2016 May 14, 2014

Rosario Espinal

Artículo publicado el miércoles 14 de mayo de 2014 en el periódico HOY

Proyectar el triunfo del PLD en las elecciones de 2016 parece relativamente fácil con los datos disponibles. El PLD está unificado y el PRD dividido, y fuera de esos dos partidos no ha surgido un movimiento alternativo con fuerza electoral. Incluso en el remoto caso de que el PRD se unificara en torno a la candidatura de Miguel Vargas, quien no muestra disposición de llevar su nominación al escrutinio interno, el PLD tendría grandes ventajas porque Vargas registra bajo apoyo electoral, como acaba de mostrar la encuesta Penn, Schoen & Berland.

La ecuación matemática es pues sencilla Sin embargo, la política es más compleja que la sumatoria o resta de números; y la gobernabilidad democrática plantea problemas más allá de la simple matemática electoral.

La República Dominicana atraviesa en estos momentos por un proceso de desarticulación del sistema de partidos que dominó con ciertas variaciones durante los últimos 50 años. El PLD apuesta a beneficiarse de ese descalabro mediante un proyecto de reelecciones sucesivas, proyectado por Leonel Fernández hasta el 2044.

Los componentes fundamentales de ese proyecto de partido único son los siguientes: mantener una relativa estabilidad macroeconómica, sostener un amplio sistema clientelar, y apostar a la perpetua desarticulación de la oposición política.

En el contexto de cuasi-deflación de las economías del capitalismo avanzado, el PLD ha podido sostener un modelo económico de alto endeudamiento para financiar el amplio sistema clientelar; y mientras predominen las tasas bajas de interés, el modelo podría prolongarse. Otro gallo cantará si las tasas de interés suben y el gobierno dominicano enfrenta fuertes constreñimientos económicos impuestos desde fuera para colocar más deudas.

En el plano político-partidario, la apuesta del PLD es que la oposición se mantenga desunida. En cierta medida, el sistema partidario dominicano opera ya con un partido único, dada la hegemonía del PLD en todas las instancias gubernativas y las proyecciones electorales hacia el 2016. Sin embargo, Las votaciones de 2012 indican que el electorado dominicano se encuentra divido casi por mitad (49% no votó por el PLD), y esta tendencia prevalece en la reciente encuesta Penn, Schoen & Berland.

El alto nivel de popularidad de Danilo Medina ayuda electoralmente al PLD, pero no puede asumirse que la altísima popularidad de Medina se traduce automáticamente en apoyo a otra candidatura peledeísta. Por eso, la división del PRD es una variable clave para futuros triunfos electorales del PLD.

De mantenerse la división del PRD y no surgir una tercera fuerza con posibilidad de captar amplio apoyo electoral, el peligro fundamental de las elecciones de 2016 sería un alto abstencionismo ante la baja competitividad partidaria.

En este sentido, el declive de la oposición tiene efectos contradictorios para el mismo PLD: por un lado facilita su victoria electoral, y por otro la hace menos legítima si la población no se entusiasma con el proceso electoral.

Durante los últimos 50 años, la sociedad dominicana vivió períodos de imposición partidaria en los 12 años de Balaguer (1966-1978), pero ese fue un modelo con un alto componente represivo y fraudulento. Posteriormente, las elecciones dominicanas han sido bastante competitivas; es decir, la población tenía opciones, aun cuando la motivación principal fuera sacar un partido del poder.

Si la tendencia actual se mantiene, el PLD contará con alrededor de la mitad de votantes dispuesta a mantenerlo en el poder, pero el resto de la población no tendrá una opción partidaria con posibilidades de triunfo. Ese será un desmotivador electoral, aun cuando el gobierno promueva la movilización a través de la ampliación de las redes clientelares.

Enlace al periódico HOY: http://hoy.com.do/el-peligro-del-2016/autor/rosario-espinal/

Sentencia 168/13: ¿acatarla o modificarla? May 7, 2014

Rosario Espinal

Artículo publicado el miércoles 7 de mayo de 2014 en el periódico HOY

Dijo Abraham Lincoln que la mejor manera de derogar una mala ley es aplicándola estrictamente. La idea es perversa porque sugiere que para enmendar primero hay que herir, pero a veces no hay otro camino cuando la obstinación política predomina.

La Sentencia 168/13 es una mala disposición legal por razones jurídicas y por las implicaciones sociales. Las razones jurídicas han sido expuestas por varios abogados constitucionalistas y no voy a repetirlas aquí. Las implicaciones sociales son obvias. La Sentencia ilegaliza todos los descendientes de inmigrantes indocumentados por varias generaciones (la mayoría de origen haitiano) y crea constitucionalmente una casta de segunda clase.

La mayoría de los descendientes de haitianos en República Dominicana no tiene documentación. De unos 200 mil descendientes estimados en la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012, sólo unos 24 mil tienen documentos legítimamente emitidos según declaró la Junta Central Electoral. O sea, la inmensa mayoría nunca ha reclamado documentos de ciudadanía dominicana. Pero la posibilidad de que lo hagan ha atormentado a los propulsores de la Sentencia 168/13.

Antes de que la Suprema Corte de Justicia en 2005 equiparara a los descendientes de inmigrantes indocumentados con personas en tránsito, existía la posibilidad de que algún día esos descendientes nacidos y criados en República Dominicana solicitaran sus papeles de nacionalidad. Ya no es posible.

El problema humano que crea la Sentencia no se resuelve sin modificarla. Por eso es irrisorio cuando algún funcionario dice que hay que acatar la Sentencia pero están buscando solución al problema. La Sentencia se acata o se modifica. No hay intermedios.

Lo aconsejable jurídica y humanamente sería modificar los términos de la Sentencia vía una ley que emane del Congreso Dominicano. Pero los sectores que han pasado años por lograr el objetivo de privar la población de ascendencia haitiana de derechos difícilmente lo permitirán, y esto incluye líderes encumbrados del PLD y sectores aliados. Unos por cálculos electorales y otros por patrioterismo xenófobo.

La idea de una Ley de Naturalización es un sinsentido. Si el gobierno dominicano quisiera que los descendientes de indocumentados fueran dominicanos, la Sentencia 168/13 no se hubiese emitido, porque la Sentencia los desnacionaliza.

Si la Sentencia 168/13 se aplica, se concretarán los problemas que emanan de ella.

Primero, quienes tienen documentos legales los perderán cuando intenten renovarlos. Eso constituirá una violación de derechos humanos y generará mucho resentimiento social entre los descendientes de inmigrantes.

Segundo, quienes no tienen documentos no irán a solicitarlos y esa masa de indocumentados seguirá creciendo en la extrema pobreza para beneficio del capitalismo híper-explotador dominicano que ampara la extensa migración indocumentada haitiana, patrocinada o permitida por los gobiernos dominicanos.

Tercero, las sanciones internacionales contra República Dominicana por violación a derechos humanos continuarán, pero eso no importará a los propulsores de la Sentencia, porque les servirá para enarbolar su nacionalismo.

Cuarto, eventualmente algunos sectores internacionales podrían boicotear la economía dominicana, y el turismo es particularmente vulnerable, pero siempre aparecerán turistas a quienes este tema no les importa.

Si se acata, la Sentencia 168/13 hará la explotación laboral dominicana más cruda y la enmarcará en un sistema fundamentado en la discriminación y la segregación constitucional.

La República Dominicana tiene que establecer controles estrictos de frontera pero el gobierno no ha querido hacerlo. No debe prevalecer un sistema económico con alta dependencia de mano de obra barata, pero sigue prevaleciendo. El gobierno dominicano tiene que aplicar las leyes laborales que limitan el número de trabajadores extranjeros por empresa pero no lo hace. En el país no debe seguir aumentando la población indocumentada, pero la Sentencia 168/13 la aumenta.

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